Parte I: Tras las tinieblas, ¿la luz?

El gobierno de Allende y las causas del golpe de Estado

David Ernesto Llinás Alfaro

Profesor de Teoría e Historia Constitucional en la Universidad Nacional de Colombia, y de Derecho de Daños en la Universidad El Bosque.

Fueron 18 años de lucha política continua, y tres elecciones presidenciales perdidas. 62 años tenía Salvador Allende cuando, por fin, el 4 de septiembre de 1970, tras una contienda sin cuartel, le ganó a Jorge Alessandri la presidencia de Chile por escasos 39 mil votos. El primer problema institucional al que tuvo que enfrentarse el compañero presidente fue la ratificación de su elección por parte del Congreso Nacional, debido a las relativamente niveladas fuerzas políticas en pugna, que podrían obstaculizar la llegada del socialista al ejercicio del poder. Pese a las dificultades afrontadas en las cámaras legislativas, debido al sistema constitucional vigente el Congreso confirmó la elección de Allende como presidente de la República.

Inmediatamente se posesionó en su cargo, en todo el orbe se empezó a hablar del “experimento chileno”, la vía al socialismo sin sangre en la mitad del camino. Si bien se trató de una experiencia política con un contenido fundamentalmente social, de reformas profundas en la estructura de las relaciones sociales de producción y, por tanto, de la intervención a fondo del Estado en la economía, tampoco puede decirse que el socialismo en libertad era muy diferente de los programas de gobierno de la Democracia Cristiana en la década anterior, que ya había empezado —débilmente, de cualquier forma— una serie de reformas agrarias y negociaciones para la estatalización de algunas industrias.

Ahora bien, con sustentos legales y constitucionales —en opinión de Allende—, lo que sí hizo su gobierno fue emprender medidas administrativas tendientes a estatalizar, según el plan de gobierno antes aludido, una gran parte de los monopolios productivos, específicamente en el sector textil. Lo hizo a través de lo que ellos mismos llamaron resquicios legales, que no debe entenderse como la interpretación amañada de normas ambiguas, sino como la utilización de normas jurídicas o instituciones desuetas pero vigentes.

Justamente, con base en el olvidado Decreto Ley No. 520 de 1932 —que le permitía al Estado poner bajo su intervención las empresas que generaran productos de primera necesidad—, y en el artículo 10º de la Constitución de 1925 —función social de la propiedad—, en diciembre de 1970 se expropió la fábrica textil Bellavista Tomé, que estaba casi en bancarrota. Se profundizó, al mismo tiempo, dentro de la planificación económica desde el Estado, en la implementación realmente efectiva de la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO), que ya había sido creada en 1939 durante el gobierno de Pedro Aguirre en cabeza del Frente Popular. Mediante esta institución, el Estado se apropió —por la adquisición de las respectivas acciones— de la industria química y de la cementera, así como de las centrales hidroeléctricas, de las acerías, y algunas entidades bancarias. Estas medidas, adicionadas a la capacidad de los trabajadores de solicitar la intervención del gobierno en las empresas —que también estaba fundamentada en el Código del Trabajo vigente—, condujeron a la nacionalización de varias compañías pesqueras, de la compañía carbonífera Lota Schwager, la Compañía de Acero del Pacífico y las empresas de comunicaciones de la norteamericana ITT.

Hasta los congresistas más representativos de la reacción conservadora en Chile, al conocerse el proyecto de Ley que autorizaba al gobierno para nacionalizar los yacimientos de cobre y las empresas mineras que le pertenecían a las monopolistas Anaconda, Kennecott y Cerro Corporation, no vacilaron en apoyar la iniciativa. De hecho, con la consolidación del golpe de estado, la nacionalización del cobre fue lo único que pervivió de las expropiaciones que efectuó Allende en los tres años que duró su gobierno.

Dentro de la lógica económica en la que se desenvolvió el gobierno de Allende, caben destacarse los siguientes logros económicos, basados en una expansión impulsada por la demanda, esto es, por el consumo generado como consecuencia de la elevación del salario de los obreros y los empleados públicos en un 34.9%, en armonía con el alza del costo de vida entre 1970 y 1971: Se estabilizaron los precios del gas, de la electricidad y del transporte; se extendió en todo el país la construcción de viviendas —se planificó la edificación de 100.000 apartamentos— y se tomaron las medidas para reducir el desempleo, que disminuyó del 8,3% en diciembre de 1970, al 3,9% en diciembre de 1972. Se creó, además, el Consejo Económico Nacional, con la activa representación de sindicatos y de organizaciones sociales. En términos macroeconómicos, para 1971 el PIB global creció un 8,3%, la tasa más alta en los últimos quince años, y la inflación bajó del 34, 9% en 1970 al 22,1% en 1971.

Las expropiaciones que Allende realizó en el primer año de su mandato —alrededor de 1.300 latifundios— se hicieron basándose en la Ley de Reforma Agraria aprobada en el gobierno de Eduardo Frei, legislación que no se quiso aprovechar con anterioridad. Infortunadamente, como se verá a renglón seguido, desde el segundo año de su presidencia, se encontró con grandes problemas en cuanto a la continuidad de las políticas públicas que él había impulsado con la Unidad Popular, la coalición política con la que llegó al poder.

Según se expondrá —a grandes rasgos—, a Salvador Allende le resultó imposible sostenerse en el poder los seis años a los que tenía derecho según la Constitución, y el sabotaje económico promovido por algunos empresarios chilenos y decididamente financiado por la CIA con la participación directa de las multinacionales, desembocaron en el golpe de estado.

Las desavenencias políticas con el gobierno de los Estados Unidos venían desde antes: en un lúcido documental de Patricio Guzmán (Salvador Allende, 2004), se muestra una entrevista con Edward Korry, entonces embajador de EEUU en Chile, quien acepta que en 1964, año de elecciones presidenciales en el país austral, la CIA le entregó 2.7 millones de dólares a los contrincantes de Allende para la realización de propaganda a favor de Eduardo Frei, y en contra de la amenaza comunista que el primero representaba para el gobierno norteamericano. Además, menciona que otras instituciones privadas con intereses estratégicos en Chile, contactados por los Estados Unidos —incluido el Vaticano e instituciones demócratas cristianas italianas—, añadieron aún más dinero a las campañas provenientes de la Democracia Cristiana, bajo la égida de Frei. Dicha propaganda anticomunista, vale decir, anti-Allendista, según el mismo Korry, consistía en la publicación de fotos que asociaban la figura de Allende con el reclutamiento militar de niños, o con tanques de guerra soviéticos dispuestos a la batalla. Esta suciedad publicitaria tuvo, en efecto, un mejor resultado de lo que creyeron los democristianos: Frei ganó un 56% de los votos, en comparación con el 39% obtenido por Allende.

Posteriormente, recién posesionado en el gobierno chileno, ese mismo diplomático dijo alguna vez que «no se permitirá que ni una tuerca ni un tornillo lleguen a Chile bajo Allende«[1]. Eran de esperarse este tipo de comentarios, entre otras cosas porque cuando se llevaron a cabo todas las expropiaciones y adquisiciones constitucional y legalmente avaladas, de los principales afectados fueron las multinacionales extranjeras. La reacción no se hizo esperar: la ITT, multinacional de telecomunicaciones norteamericana —siglas en inglés de International Telephone and Telegraph Corporation—, por medio de un memorando, alguna vez mencionó que «una esperanza más realista para aquellos que quieren terminar con Allende es que una economía en rápido descenso provocará una oleada de violencia que terminará en un golpe militar»[2]. Adicionalmente, en el Tribunal Russell II, formado por un sinfín de intelectuales de toda clase para investigar los crímenes contra los derechos de los Pueblos en el subcontinente latinoamericano, y reunido dos veces entre 1974 y 1975, se destaparon documentos de especial relevancia, como una correspondencia —que no es explícita en cuanto al golpe militar— entre los administradores de la ITT fechada en 1970, que afirma lo siguiente: “por ejemplo, una solución constitucional podría nacer de desordenes internos masivos, huelgas y guerrilla urbana y rural. Esto justificaría moralmente una intervención de las fuerzas armadas por un período indefinido”[3].

Iguales palabras pueden ser leídas en comunicaciones de la multinacional química Hoechst: “…una acción preparada hasta el último detalle y realizada brillantemente… El gobierno de Allende ha encontrado el final que merecía… Chile será en el futuro un mercado cada vez más interesante para los productos Hoechst”[4].

Ahora bien, inmediatamente se conocieron los resultados de las elecciones presidenciales en Chile, Richard Nixon le ordenó al director de la CIA, Richard Helms, que “tal vez hay una posibilidad entre 10, ¡pero salve a Chile! (…) no nos importan los riesgos (…) hay 10.000.000 dólares (sic) disponibles, más si es necesario (…) estrangulen a la economía”[5].

Pocos días antes de la perpetración del golpe de estado en contra del gobierno de la Unidad Popular, el 27 de agosto de 1973, el general Carlos Prats comentó proféticamente que creía que “ni el Presidente Allende ni los partidos de la UP saben cuan profunda es la influencia norte-americana en nuestras Fuerzas Armadas y, especialmente, en la mentalidad del militar chileno. Esa influencia, sin contrapeso, (…) es un factor que puede jugar un papel terriblemente negativo en los próximos acontecimientos”[6].

Uno de los movimientos políticos más importantes de la derecha chilena, la Organización Patria y Libertad, fue esencialmente la que ocasionó los más duros golpes para el sistema político y económico que Allende estaba logrando implantar después de muchas dificultades. Por ejemplo, su miembro más famoso, Pablo Rodríguez, que después participaría activamente bajo las órdenes de un Pinochet disimulado en el frustrado golpe de estado del 29 de junio de 1973 —conocido como el “tanquetazo”—, dijo en televisión: “si se realizan las elecciones en 1976, el marxismo recibirá el 80%. Por eso hay que actuar antes de 1976”. Por su lado, Walter Roberto Thieme, otro de los miembros de Patria y Libertad, mencionó en Argentina, que “ha llegado la hora de tomar las armas para defender la patria. Si la guerra civil es el precio para liberar a Chile del marxismo estamos dispuestos a pagarlo”.

En abril de 1973 se organizó el plan SACO —Sistema de Acción Civil Organizada—, en donde se ordenaba a los empresarios: “1. Ocultar no menos del 20% de los materiales que recibe la empresa, lo que permitirá formar reservas para circunstancias excepcionales; 2. Crear depósitos de piezas de repuesto en sótanos de locales ubicados fuera de la empresa, manteniendo únicamente el ritmo mínimo de producción en la misma; 3. Distribuir la producción de la empresa sólo a través de los intermediarios del SACO. En caso de que el gobierno tome medidas represivas se deberán entregar al sector estatal los productos de peor calidad en cantidades mínimas”.

Al mismo tiempo, quienes dirigían el SACO, ordenaban a los empresarios agricultores que debían entregarle al gobierno, en caso de que lo solicitaran, datos adulterados sobre el rendimiento por unidad de superficie; además, incitaron la creación de grupos paramilitares y de sistemas de información en contra de los miembros de la Unidad Popular.

Todas estas directrices eran, en principio, mecanismos de sabotaje económico, que sumados a las huelgas políticas incitadas por la Organización Patria y Libertad en la mayor mina de cobre de Chile, “El Teniente”, y a los paros masivos del gremio transportador, tuvieron el efecto de desestabilizar al país, tal como lo esperaba Nixon. Esta clase de actividades conllevó al incremento del valor de los productos de primera necesidad. Podría, en ese sentido, encontrarse un vínculo directo de todo lo anterior con los altos niveles de inflación existentes ya en 1973. De cualquier forma, y como es evidente, todas estas circunstancias conllevaron a la paulatina debilidad institucional del gobierno de Salvador Allende, que contra todas las adversidades consiguió empréstitos internacionales de España, Suecia, Finlandia y Dinamarca.

Ante el fracaso del atentado golpista del “tanquetazo” del 29 de junio, en este contexto de las masivas huelgas políticas y de los paros camioneros, el 23 de agosto de 1973 la oposición organizó una acusación ante la Cámara de Diputados en contra del presidente Allende por violar el texto constitucional y la legalidad, al entrometerse en los asuntos privativos del Congreso, los Tribunales y la Contraloría, así como de violar los principios de igualdad ante la ley, libertad de expresión, derecho de petición, libertad de enseñanza, derecho al trabajo, libertad de circulación y libertad personal. Esta acusación era abiertamente inconstitucional porque exhortaba a las Fuerzas Armadas a no obedecer más las órdenes del gobierno, y era en primera y última instancia un llamamiento abierto a la insurrección militar. El 24 de agosto, al conocer el texto del acuerdo de la Cámara de Diputados, Allende alegó que tal documento, más que violar, niega la esencia de toda la Constitución, y “de modo directo, los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 9º, 10, 22, 23, 39, 61, 71, 72 y 78 b de nuestra Carta Fundamental. La oposición está abjurando de las bases del régimen político establecido solemnemente en la Constitución de 1925 y desarrollado en los pasados 47 años”[7].

Por otro lado, el procedimiento constitucional del impeachment, contenido en el artículo 39 del texto Constitucional de 1925, no fue cumplido a satisfacción por parte de los partidos políticos de oposición, porque se exigía una mayoría cualificada para su aprobación. Así, aun en la sola formalidad, la actuación del Congreso se extralimitó en su legítimo derecho de control al poder político.

En la próxima entrega veremos que el llamado a la sublevación de las Fuerzas Armadas fue acatado bajo los mismos lineamientos doctrinales de estirpe liberal aducidos por la Cámara de Diputados en dicha acusación. Los miembros de la Junta Militar se vieron a sí mismos como los guardianes de la Constitución y de la institucionalidad chilena, y actuaron bajo el pretexto de reivindicar esas mismas libertades y derechos que arriba se mencionaron. Pero lo que siguió fue, en la realidad de las cosas, la muerte de la Constitución, de la idea de democracia, y muy fundamentalmente, de miles de seres humanos.

Nota: esta entrada se basa libremente en este artículo previamente publicado por su autor, David Llinás Alfaro, “Anti-constitucionalismo y dictadura soberana. La responsabilidad de la ciencia jurídica: Schmitt, Guzmán, Bravo Lira y Chile en 1973”, en Marquardt, Bernd (ed.), Constitucionalismo Científico. Entre el Estado y el Mercado, Bogotá, Temis, 2013, págs. 199-249.

Para profundizar en este tema, se recomienda la lectura de estos textos:

Arriagada, Genaro, Por la Razón o La Fuerza, Chile bajo Pinochet, Santiago de Chile, Editorial Sudamericana, 1998.

Blum, William, Killing Hope, US Military & CIA Interventions since World War II, London, Zed Books Ltd., 2004.

Cortázar, Juliio, Fantomas contra los vampiros multinacionales, Bogotá, Ediciones Destino, 2002

Cristi, Renato & Ruiz-Tagle, Pablo, La República en Chile. Teoría y práctica del Constitucionalismo Republicano, Santiago de Chile, Editorial LOM, 2006.

Eastman, Jorge Mario, Pinochet, el déspota que revolucionó el Derecho Internacional, Bogotá, TM Editores, 2000.

Eastman, Jorge Mario, De Allende y Pinochet al “milagro” chileno, Bogotá, Editorial Ariel, 1997.

González Jácome, Jorge, Estados de excepción y democracia liberal en América del Sur: Argentina, Chile y Colombia (1930-1990), Bogotá, Universidad Javeriana, 2015.

Guardiola-Rivera, Óscar, Story of a Death Foretold: The Coup Against Salvador Allende, September 11th, 1973, New York, Bloomsbury Press, 2013.

Guzmán Errázuriz, Jaime, Escritos Personales, Santiago de Chile, Zig-Zag, 1992.

Jaramillo Edwards, Isabel, “La política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina en la década de los años setentas”, en Timossi, Jorge (ed.), Fascismos Paralelos, a 30 años del golpe de Estado en Chile, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2003.

Kornbluh, Peter, Pinochet: Los archivos secretos, Madrid, Crítica, 2004.

Marquardt, Bernd, Historia constitucional comparada de Iberoamérica, Bogotá, Ibáñez, 2016.

Mauricio Dias, David, Control Militar-Corporativismo en Brasil y en Chile. Funciones, consecuencias y perspectivas, en Research Paper Series No 4, Estocolmo, Institute of Latin American Studies, 1974.

Roppel, Guenther W, Estados Unidos, intervenciones del poder imperial en cuarenta países del mundo, Bogotá, Ediciones Aurora, 2005.

[1] Blum, William, Killing Hope, US Military & CIA Interventions since World War II, London, Zed Books Ltd., 2004, p. 212. La cita es traducción libre.

[2] Ibíd. p. 212. La cita es traducida libremente.

[3] Julio Cortázar, que perteneció al Tribunal Russell II, recoge estos relatos y cita las palabras de la ITT y de la Hoecht en su cuento Fantomas contra los vampiros multinacionales, Bogotá, Ediciones Destino, 2002, pp. 58 y ss.

[4] Ibíd., pp. 59 y ss.

[5] Roppel, Guenther, Estados Unidos, intervenciones del poder imperial en cuarenta países del mundo, Bogotá, Ediciones Aurora, 2005, pp. 78 y 79.

[6] Mauricio Dias, David, Control Militar-Corporativismo en Brasil y en Chile. Funciones, consecuencias y perspectivas, en Research Paper Series No 4, Estocolmo, Institute of Latin American Studies, 1974. p. 16.

[7] Manifestación a la Nación del presidente Salvador Allende, del 24 de agosto de 1973, en https://n9.cl/naj17.

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